Como es bien sabido, los delitos de corrupción de los funcionarios públicos protegen el correcto bien jurídico y el funcionamiento regular de la Administración Pública. Este derecho legal está constituido por una serie de principios que deben regir, orientar e informar el ejercicio de la función pública y que son atacados por cada delito de corrupción de una manera específica. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional se ha referido a "la transparencia en las operaciones, la imparcialidad, la competencia leal y el trato justo y equitativo de los proveedores potenciales, como los principios que se derivan de la contratación pública y están protegidos en el delito de colusión". Con la economía cada vez más abierta en el mundo, más competencia y más mercado, es importante aprovechar para comprar mejor con una administración de compras más transparente, flexible e inf...