Actualmente, se ha producido un serio debate sobre la histórica relación entre los pueblos indígenas y el Estado peruano. Esto ha ocurrido a raíz del conflicto suscitado en el oriente del Perú (Bagua), planteando la necesidad de reformar el marco legal nacional (consulta previa, acceso a recursos naturales, etc.), especialmente en el tema de participación política. Para ello, se deben producir nuevos consensos sobre la base de políticas públicas precisas, coherentes y efectivas, así como una nueva relación de diálogo entre Estado y el movimiento indígena. En ese sentido, es necesario no sólo comprender el presente sino explorar los antecedentes de esta relación y cómo esta historia, especialmente la electoral, se ha desenvuelto más allá de las normas legales, sino en la doctrina jurídica del siglo XIX para ver su influencia en las prácticas políticas actuales.

La presente investigación se centra en distinguir y aclarar los argumentos jurídicos que se ciernen sobre una futura adecuación normativa de la legislación nacional ambiental peruana al Acuerdo de Escazú. La justificación de la presente investigación es la de aclarar el sustento de los argumentos jurídicos debatidos en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República referidos a la conveniencia de la ratificación del Acuerdo de Escazú con respecto a su impacto en la legislación ambiental peruana. Nuestra hipótesis de investigación es que la adecuación normativa de la legislación nacional ambiental al Acuerdo de Escazú extiende el alcance de los derechos de acceso ambiental (participación ciudadana, acceso a la información, acceso a la justicia y protección de los defensores ambientales) a nivel convencional, constitucional y administrativo. Sobre el ...

Los derechos de los pueblos indígenas son considerados como derechos humanos de tercera generación. Derechos que cuestionaron el pensamiento liberal de los derechos humanos, pues su ejercicio es de titularidad y ejercicio colectivo, superando el concepto individualista del ser humano. Poco a poco la legislación internacional y nacional ha ido incorporando los derechos de estos pueblos en las políticas públicas de los Estados. Todo ello se ha venido impulsado por la adopción del Convenio 169 de la OIT sobre derecho de los pueblos indígenas en países independientes (1989), así como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas (2007). El primer paso para dicha incorporación en la legislación nacional, es el reconocimiento y desarrollo constitucional sobre el derecho de estos pueblos. Después de experiencias comparadas fallidas (Colombia, Bolivia, E...