Los autores proponen que la fiscalización ambiental se desarrolla a través de un gran proceso que engloba distintas etapas a cargo de diversas autoridades, todas con el fin principal de cumplir con la protección del medio ambiente. Por lo tanto, se busca que la inversión privada se realice de una manera responsable garantizando buenas prácticas ambientales que preserven los recursos naturales y no dañen a la población.