El trabajo intenta mostrar las debilidades de las objeciones tradicionales a los poderes probatorios del juez. Para ello, se sostiene, por un lado, que la respuesta a la cuestión debe necesariamente vincularse al modelo de proceso y de juez que se pretenda implementar y, por el otro, que una respuesta adecuada al problema requiere un análisis cuidadoso de los distintos poderes probatorios y del reparto de los mismos entre el juez y las partes.

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