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Los procesos de integración regional llevan consigo una construcción jurídica propia, que da lugar al denominado «Derecho de la Integración Privado» (en adelante DIPr). Elementos que típicamente aparecen asociados a esa clase de procesos, como el reconocimiento de ciertas libertades básicas -por ejemplo, la libertad de circulación de mercancías y de servicios-, la prohibición de las discriminaciones por razón de nacionalidad, o la necesidad de crear marcos jurídicos uniformes o armonizados, que hagan equivalentes los estándares de regulación, o reglas de juego, aplicables a quienes operan en un mismo mercado compuesto por el territorio de varios Estados, convierten al Derecho Privado en una herramienta necesaria para conseguir los objetivos de liberalización y apertura perseguidos.

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