El delito de Usurpación se encuentra regulado en el título V – Delitos contra el Patrimonio, artículo 202 del Código Penal, y está dirigido a sancionar la conducta de toda aquella persona que pretenda abruptamente, a través de violencia, amenaza, abuso de confianza, ingresar a un bien inmueble que se encuentra en posesión de una tercera persona, para despojarla o perturbarla de ésta. Por tanto, el bien jurídico protegido constituye la posesión material sobre el inmueble, prescindiendo si deviene en legítima o ilegitima, ocasionando que, en muchos casos, quien resulte sancionado por este delito sea el propietario no poseedor del bien inmueble. En la presente investigación, se cuestiona esta perspectiva y se plantea que, cuando el sujeto activo del delito sea el propietario no poseedor, la sanción a imponerse sea diferenciada, en aplicación del principio de proporcionalidad...