Con la caída del expresidente Alberto Fujimori, el Estado peruano ha iniciado varios procesos penales por delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. Sin embargo, se aprecia tanto en denuncias como sentencias ausencia de fundamentación jurídica respecto de la reparación civil en agravio del Estado. Ello se basa en la falta de conocimiento a profundidad por parte de los operadores jurídicos penales, respecto a conceptos de responsabilidad civil, así como del derecho no patrimonial lesionado. Tomando como premisa que el Estado es una persona jurídica y con ello ostenta el derecho a ser resarcido por daños tanto patrimoniales como no patrimoniales, aplicando ello a los delitos de corrupción se estaría lesionando el “derecho a la identidad institucional”. La finalidad de la presente investigación es delimitar la responsabilidad civil en que incurre el funciona...