Es frecuente que los funcionarios públicos procesados por el delito de colusión recurran al principio de confianza como mecanismo de defensa, vía excepción de improcedencia de acción, para tratar de liberarse de responsabilidad penal bajo el argumento que el delito lo cometieron otros funcionarios en los cuales se confió que desplegarían su conducta conforme a derecho, sin embargo en las tareas de cooperación no siempre corresponde la confianza, sobre todo cuando hay división del trabajo vertical o existe una posición de garante de uno de los intervinientes; en estos casos más bien corresponde desconfiar pues no asumir una posición de vigilancia y control sobre la conducta incorrecta de los demás debe acarrear una consecuencia sinalagmática por esta negligencia. Para delinear cuándo procede la aplicación del principio de confianza y cuándo más bien debe exigírsele al f...