El desarrollo de esta tesis radica en el estudio de las deficiencias del sistema de justicia juvenil, específicamente del rol que cumple hoy en día la medida socioeducativa de internamiento en aquellos casos en que los adolescentes que han cometido una infracción y que se le ha impuesto la máxima sanción de internación que es seis años, tengan que culminar dicha medida socioeducativa apenas cumplan los 21 años de edad conforme lo señala el tercer párrafo del artículo 239° del Código de Niños y Adolescentes, no concordando con la finalidad de rehabilitación que posee las medidas socioeducativas toda vez que al culminar dicha medida a determinada edad, no se acredita ni se garantiza a la sociedad que el adolescente infractor realmente se haya resocializado.

La presente investigación tiene como objetivo general, determinar la relación que existe entre la estrategia de comunicación política y la gestión pública bajo el actual contexto de la Pandemia del Covid-19, y de manera específica, determinar la relación de la estrategia de comunicación respecto de las medidas económicas y sanitarias. Asimismo, medir el nivel de aceptación de los ciudadanos sobre dichas medidas y la estrategia de comunicación política empleada por el ex presidente Martín Vizcarra durante el periodo marzo-junio 2020. Para alcanzar dichos objetivos, se ha utilizado una metodología que abarca, un diseño cuantitativo no experimental ex post facto, transversal, correlacional, aplicándose como técnica de recolección de datos, la encuesta, que se aplicó a un tamaño de muestra de 385 personas, del total de la “población conformada por 9,674 755 habitantes...

El Estado no cumple con el respeto y cumplimiento al derecho a la resocialización del interno, previsto en el artículo 139º inciso 22 de la Constitución Política del Perú, y en el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, situación que torna inviable cualquier reforma en el sistema de justicia o en el sistema penitenciario, pues las razones por las cuales se ha esterilizado dicho derecho están vinculadas a las estructuras políticas, sociales, culturales y económicas. Ante esta situación, la autora analiza el rol del Juez de Ejecución Penal en nuestro país, a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines de rehabilitación, resocialización y reeducación de la pena, velando por el respeto a la dignidad y los derechos de los reclusos.