El desarrollo de esta tesis radica en el estudio de las deficiencias del sistema de justicia juvenil, específicamente del rol que cumple hoy en día la medida socioeducativa de internamiento en aquellos casos en que los adolescentes que han cometido una infracción y que se le ha impuesto la máxima sanción de internación que es seis años, tengan que culminar dicha medida socioeducativa apenas cumplan los 21 años de edad conforme lo señala el tercer párrafo del artículo 239° del Código de Niños y Adolescentes, no concordando con la finalidad de rehabilitación que posee las medidas socioeducativas toda vez que al culminar dicha medida a determinada edad, no se acredita ni se garantiza a la sociedad que el adolescente infractor realmente se haya resocializado.

El Estado no cumple con el respeto y cumplimiento al derecho a la resocialización del interno, previsto en el artículo 139º inciso 22 de la Constitución Política del Perú, y en el artículo II del Título Preliminar del Código de Ejecución Penal, situación que torna inviable cualquier reforma en el sistema de justicia o en el sistema penitenciario, pues las razones por las cuales se ha esterilizado dicho derecho están vinculadas a las estructuras políticas, sociales, culturales y económicas. Ante esta situación, la autora analiza el rol del Juez de Ejecución Penal en nuestro país, a efectos de garantizar el cumplimiento de los fines de rehabilitación, resocialización y reeducación de la pena, velando por el respeto a la dignidad y los derechos de los reclusos.