El presente trabajo analiza el impacto de la exigencia de garantías económicas para la interposición del recurso de apelación contra el otorgamiento de buena pro en el marco de la Ley N° 30225. Esta medida, concebida para garantizar la seriedad de las impugnaciones y evitar reclamos infundados, representa una barrera significativa para el acceso equitativo a la justicia administrativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Se identifican las limitaciones al derecho a la defensa y contradicción, así como las consecuencias de esta restricción en la equidad de los procedimientos de contratación pública. El análisis incluye referencias a precedentes constitucionales y jurisprudencia internacional, evidenciando la necesidad de reformar este requisito para garantizar un equilibrio entre la protección de los recursos públicos y el respeto a los derechos fundamentales. F...