La eficacia de la sanción por incumplimiento de las medidas de protección dictadas en las audiencias orales de violencia familiar es un problema grave, debido no sólo a la extensión del fenómeno que afecta a un sector de población vulnerable, sino también a que goza de un importante grado de aceptación social que, al justificarlo y reducirlo al ámbito de las relaciones particulares, no permite que sea reconocido como un problema social de interés público.