Establece si la actuación de la prueba de oficio resulta incompatible con el principio constitucional de imparcialidad judicial regulada en el Código Procesal Penal. Se parte de la premisa que la imparcialidad de los jueces es un principio reconocido constitucionalmente dentro de un Estado de derecho, el cual implica dos aspectos. Por un lado, la independencia que debe tener el tribunal con relación a todo tipo de influencia o presión ya sea esta política o social; y, por otro lado, la relación semejante del juzgador para con las partes, lo que significa que no debe estar comprometido con ninguno de los intereses de las partes en conflicto. Sin embargo, cabe señalar que el actual proceso penal regula la denominada “actuación probatoria oficiosa”, trayendo como consecuencia el cuestionamiento de muchos juristas quienes consideran si dicha actuación estuviese afectando el prin...