La presente investigación tuvo como objetivo evaluar y analizar el requisito procesal de una pena superior a cuatro años del delito investigado por el Ministerio Público para autorizar judicialmente la intervención o levantamiento del secreto de las comunicaciones, según lo dispuesto en el artículo 230.1 del Código Procesal Penal, y cómo esta limitación afecta la investigación fiscal frente al delito de fraude informático. Asimismo, se analizó el contraste entre el grado de lesividad que causa la medida restrictiva al derecho fundamental en sus niveles de aplicación -información histórica, geolocalización e interceptación de las comunicaciones en tiempo real- y la necesidad de la medida para los intereses de la investigación. Para llevar a cabo esta investigación, se empleó un enfoque cualitativo mediante métodos dogmáticos y sociológicos funcionales, desarrollados...