Esta investigación está enmarcada en el quehacer jurídico del ámbito penal, al punto que sin ella es inimaginable el funcionamiento del sistema de impartición de justicia. En un estado constitucional de derecho resulta inadmisible que agentes de la persecución del delito desplieguen una actividad de búsqueda e incorporación de la evidencia incriminatoria que vulnere abiertamente el plexo de derechos fundamentales reconocidos a favor de los ciudadanos, es decir, la búsqueda y obtención de la prueba en una investigación de ningún modo deben ser realizados a cualquier precio (prueba ilícita). Para el magistrado siempre representará un problema decidir en el caso en concreto la posibilidad de admitir excepcionalmente a la regla que prohíbe valorar aquel material probatorio obtenido en tales condiciones. Este tema en investigación ha recobrado palpitante actualidad a consecuen...