El proceso penal a pesar de que tiene como finalidad la satisfacción del interés público, ha dejado de lado por completo al interés particular, lo que ha generado que la sociedad en su conjunto así como las víctimas en particular, hayan perdido la confianza en los operadores procesales penales y en la propia potestad jurisdiccional del Estado, en este sentido si bien los operadores de justicia en este caso los jueces al imponer una sanción al autor del delito fijan un monto de la reparación civil y con ello pretenden satisfacer al agraviado. El problema sustancial radica en que la mayoría de los casos, los montos establecidos son ínfimos, llegando incluso a sostenerse que no existe uniformidad por parte de los jueces penales al momento de fijar dicho monto, toda vez que para unos casos de homicidio culposos, imponen el pago de 50,000.00 nuevos soles, y en otros casos con condic...