El presente artículo aborda la temática referida al poder sancionador del Estado, el cual es ejercido en dos ámbitos (penal y administrativo) derivados de una única potestad (ius puniendi) que le permite reprimir conductas consideradas nocivas para el desarrollo de la sociedad. Asimismo, se analiza la Ley del Procedimiento Administrativo General donde se ha establecido con claridad que en todo procedimiento administrativo sancionador se deben aplicar los principios básicos que tutelan los derechos de los administrados. De esta forma, se deberá aplicar el principio de culpabilidad, principios de causalidad, presunción de inocencia, entre otros, para juzgar las infracciones aduaneras.

En el presente artículo el autor analiza el carácter de flexibilidad que existiría en materia aduanera respecto al "Principio de Reserva de Ley" y la verificación del cumplimiento de este elemental principio tributario en la valoración aduanera de soportes informáticos. Asimismo, encierra un análisis sobre las disposiciones de aplicación general contenidas en la Ley General de Aduanas, para así poder determinar si las mismas son aplicables a los software que son ingresados al país.