El artículo expone el conflicto generado entre las atribuciones en materia electoral de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el cual surge con el nombramiento de los cargos de Consejero Presidente y Consejeros Electorales para el Distrito Federal. El autor describe con minuciosidad el caso, detallando las modificaciones normativas que se emitieron, los procesos de impugnación que se realizaron, y finaliza mostrando la resolución dictada por la Suprema Corte de Justicia. El texto ahonda en el análisis de los conceptos de «independencia» y «autonomía». Sostiene que en el caso de los órganos electorales no es un concepto absoluto sino relativo; asimismo, participa en el debate respecto de qué o quién son independientes los institutos electorales.

A partir del análisis de las numerosas sentencias que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México ha emitido a lo largo de los últimos veinte años, el artículo desarrolla los principios aplicables en materia de pruebas en el ámbito electoral. A continuación define y expone los medios de prueba reconocidos, luego se desarrolla la prueba documental (documentos públicos y privados), la prueba técnica, la prueba pericial, la prueba por presunciones. Posteriormente, se analiza la instrumental de actuaciones y las pruebas supervenientes, para concluir con la valoración probatoria y las diligencias para mejor proveer. En síntesis, en este trabajo se puede apreciar la importancia del derecho electoral procesal y el papel de los medios de prueba.