La denuncia administrativa, está establecido en la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, en la cual indica en su Artículo 105°, inciso 105.1, “Todo administrado está facultado para comunicar a la autoridad competente aquellos hechos que conociera contratos al ordenamiento, sin necesidad de sustentar la afectación inmediata de algún derecho o interés legítimo, ni que por esta actuación sea considerado sujeto del procedimiento”. Que para el presente caso es relacionado al recurso de apelación de la Agencia Naviera y Portuaria TRANSMERIDIAN S.A.C. contra la decisión contenida en la Carta de fecha 06.03.2012 del Expediente N° 011-2012-RCL/DPWC, que declara infundado el reclamo por aplicación de tarifa por uso de muelle durante la suspensión del servicio de desamarre por Cierre de Puerto.

La controversia de la investigación llevada a cabo estuvo relacionada a la falta de liquidez que imposibilita la consecución de los fines públicos de la Empresa Nacional de Puertos, originado por los escasos ingresos y sobrepoblación laboral en dicha empresa del Estado, que continúa sometida al proceso de la inversión privada y que ofrece servicios portuarios, la misma que en virtud de la Ley N° 27803, viene reincorporando trabajadores cesados en los años noventa. Las reincorporaciones laborales han comprometido su situación financiera, dificultando la formulación presupuestal cuando no se tiene certeza del gasto real (el costo en las planillas se viene incrementando progresivamente), producto de ello sus gastos no la hace una empresa competitiva en el mercado. Las técnicas y/o instrumentos que fueron utilizados en la presente investigación son la revisión documental, utiliz...