La comisión de un delito, doloso o culposo, supone el ejercicio del ius puniendi o poder de castigo del Estado a efectos de sancionar dicha conducta ilícita, y, al mismo tiempo influir en los demás ciudadanos para que no cometan la misma infracción; es decir, que el accionar del Estado, representado por el Ministerio Público supone el despliegue de una serie de recursos destinados a conservar la convivencia social y proteger una serie de bienes jurídicos, los cuales hallan su soporte en los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política. No obstante, dicha actividad estatal no puede ser desplegada sino para aquellas conductas que importan un desvalor social importante, es decir, para aquellas conductas que impliquen una lesión relevante a los citados bienes jurídicos protegidos, por lo que, en atención a ello, el Derecho Penal se sustenta en una serie de princi...