Una medida de fortalecimiento de la democracia es verificar si los aportes de campaña dirigidos a los partidos políticos provienen de fuentes prohibidas, para lo cual la ONPE realiza la verificación de ingresos, aportes y de los gastos realizados por los candidatos durante la campaña electoral. En ese sentido, una vez finalizado el proceso electoral, el primer paso es la presentación de la información por parte de los excandidatos, sin que la legislación peruana haya definido quiénes son “candidatos”; por lo que el presente artículo busca analizar quiénes serían los obligados a presentar la información financiera de campaña (en particular, durante las ERM 2018); y se presenta una propuesta de cómo aplicar las sanciones de la manera más objetiva posible.

El financiamiento público directo es una subvención multianual proveniente de fondos públicos dirigido a las organizaciones políticas con una finalidad pública: garantizar el funcionamiento de dichas instituciones como un mecanismo de nivelación económica entre partidos políticos. En ese sentido, se encuentra regulado en la legislación peruana, otorgando la subvención a aquellos partidos políticos que logren representantes en el Congreso; sin embargo, dicho mecanismo se ha enfrentado a una situación no regulada: la disolución del Congreso de la República, no habiéndose previsto cómo continuar con el financiamiento público directo durante el interregno parlamentario, si debe asignárseles montos a los partidos políticos entrantes y si debe continuar el financiamiento a los partidos políticos del Congreso disuelto. Por tanto, este artículo pretende analizar cómo la dis...