El Estado peruano no ha sabido ser suficientemente efectivo en los ámbitos administrativo, jurídico ni financiero para garantizar los derechos fundamentales de las personas. Así, las distintas amenazas o vulneraciones a estos están permitiendo crear un canal —inicialmente no contemplado ni regulado en nuestra legislación y práctica jurídica— para que la población pueda erigirse como actor promotor o inductor del cambio social mediante los tribunales o cortes de justicia. De esta forma, junto con los jueces, los diversos activistas civiles participan más dinámicamente al tomar la iniciativa e intentar lograr esa «transformación» que tanto exigen los distintos grupos que configuran nuestra plural sociedad, con lo cual se adelantan a las figuras tradicionales de participación democrática. Esto es claramente observado en el actuar del Tribunal Constitucional Peruano y en l...

Durante la última década hemos visto el debilitamiento de la democracia en América Latina. Las transiciones democráticas de la región y las iniciativas promovidas tanto por los gobiernos como por la sociedad civil hicieron que se vayan implementando diferentes mecanismos que acercaban a estos dos actores, permitiendo a los ciudadanos participar activamente en la vida pública en toda América Latina. Las protestas ocurridas en 2019 y este año evidenciaron que estos mecanismos no eran suficientes y que la relación entre ambos actores debía ser repensada. Este artículo presenta como nueva variable a considerar las nuevas herramientas tecnológicas y digitales, desarrollando y defendiendo la idea de complementariedad no solo entre representante y representado, sino entre las herramientas señaladas y el proceso de desconsolidación democrática que vive la región. Así, dependiend...

El Tribunal Constitucional del Perú ha llegado a ser considerado como un “actor político” en la creación de materia de políticas públicas con los fundamentos esbozados en la sentencia recaída en los Expedientes N° 0014-2014-P1/TC, 0016-2014-PI/TC, 0019- 2014-P1/TC y 0007-2015-PI/TC – caso Ley Universitaria; así, sostiene como legítima dicha participación (en las políticas públicas) por cuanto dentro de las funciones constitucionales otorgadas, se encuentra la defensa y garantía de la Constitución y de los derechos fundamentales. De esta manera, el máximo intérprete de nuestra Carta Magna, fundó dicho razonamiento en la presencia de la constitucionalización – tanto del derecho como de la política –, de la desconfianza en el quehacer estatal por parte de la sociedad, la existencia de una labor de integración social a la que debe responder el Tribunal y la enum...