El propósito de este trabajo es determinar si fue conveniente o no dar nuevas obligaciones a los usuarios de tener que realizar un estudio de títulos que ya habían sido materia de calificación, a fin de que se amparen en la buena fe pública registral, tal como lo exige la Ley N.° 30313. Esta ley fue la respuesta del Estado para prevenir y anular el fraude inmobiliario que se venía dando en el país por parte de una organización delictiva que usufructuaba indebidamente del sistema registral y notarial. Esta breve investigación se divide en cinco capítulos; los primeros referidos al sistema registral peruano, los principios registrales, las garantías del sistema nacional de los registros públicos. En el cuarto capítulo se analizan los mecanismos para prevenir o invalidar los fraudes inmobiliarios, se proponen otras alternativas de solución como el uso de la tecnología, a fin...