Alcances de la Declaración Asimilada y la Interpretación Contractual en la Casación 1839 – 2020 Sullana

• Autores: Uchpa Pando, Marisol Maxima, Anglas Vasquez, Silvana Evelyn
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
• Repositorio: UPC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorioacademico.upc.edu.pe:10757/688569
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/10757/688569
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Principio de buena fe; Pacta sunt servanda; Principio de comunidad de prueba; Interpretación contractual; Declaración asimilada; Seguridad jurídica; Fondos no reembolsables; Principle of good faith; Principle of community of evidence; Contractual interpretation; Assimilated declaration; Legal certainty; Non-refundable funds; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

En el presente trabajo se analiza la Casación 1839-2020/Sullana (2024), que consiste en la restitución de los fondos no reembolsables transferidos por el Estado a la Asociación de Pequeños Productores de Banano Orgánico de Montenegro del Valle del Chira. Dicho análisis examina los criterios de la Corte Suprema y los votos de los magistrados, resaltando la importancia de los principios de buena fe, pacta sunt servanda y la comunidad de la prueba en la controversia. Se observa que la cláusula décimo séptima del contrato generó vacíos sobre la restitución, lo que conllevó a diferentes interpretaciones judiciales. Mientras que el voto en mayoría declaró fundada la demanda, considerando la devolución de los fondos por el uso indebido de ellos, el voto en minoría se enfocó en el debido proceso y en una correcta valoración probatoria. Asimismo, se analizan las diferentes formas de interpretación contractual y la importancia de la declaración asimilada como elemento probatorio. Finalmente, se sugiere reforzar la redacción y revisión previa de los contratos, definiendo con mayor claridad las cláusulas correspondientes y mejorando la calidad argumentativa en las demandas, a fin de evitar confusiones en la interpretación y prevalecer la seguridad jurídica en la gestión de recursos públicos.