El MINISTERIO PÚBLICO Y VIOLENCIA FAMILIAR EN APLICACIÓN DEL DECRETO LEGISLATIVO 1323

• Autores: PINTADO MONTALVAN, EVELYN, RISSI SOLIS, JAVIER CARMELO
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Universidad Privada Telesup
• Repositorio: UTELESUP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.utelesup.edu.pe:UTELESUP/942
• Enlace del recurso: https://repositorio.utelesup.edu.pe/handle/UTELESUP/942
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: VIOLENCIA FAMILIAR; MINISTERIO PUBLICO

El 06 de enero del 2018, se publicó el decreto legislativo 1323, que fortalece la lucha contra el Feminicidio la Violencia Familiar y la Violencia de Género, para lo cual en este marco se refleja mi trabajo, considerando que esta ley ha sido plasmada de manera efectiva ante las agresiones en contra las mujeres y su entorno Familiar, y siendo que le corresponde al Ministerio Público la correcta administración de justicia según la Constitución Política del Perú en su artículo 159° incisos 1 y 5. Sin embargo, esto en la práctica se puede afirmar su ineficaz procedimiento en la correcta administración y aplicación de la norma, considerando que los casos ingresados por el delito de Violencia Familiar tienden a tener un pronunciamiento de Archivo Definitivo o Derivados a los Juzgados de Familia. Considero que la violencia familiar es sin duda un problema prevenible con una buena aplicación de políticas públicas de prevención, mayor difusión de los medios de comunicación respecto al programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y sus diversos centros de ayuda y sobre todo entender que la Violencia contra la Mujer es un problema de todos y todas, decir basta a la indiferencia de nuestras autoridades. Para prevenir la violencia contra la mujer se requiere de la colaboración de muchos sectores de nuestra sociedad tales como, el sector salud, educación, servicios sociales, Leyes, políticas y programas que promuevan el acceso de la mujer al empleo y a microcréditos, así como el acceso de las niñas jóvenes y adultas a la educación integral.