El exceso de edad del alimentista para recibir pensión de alimentos

• Autores: Ecan Balcazar, Juan Carlos, Leon Regalado, Mirian Mirely
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2026
• Institución: Universidad Señor de Sipan
• Repositorio: USS-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/17505
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12802/17505
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Pensión de alimentos; Exceso de edad; Estudios exitosos; Seguridad jurídica; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente estudio tuvo como objetivo general determinar de qué manera la regulación del exceso de edad del alimentista para recibir pensión de alimentos en el Perú genera inseguridad jurídica en la aplicación del artículo 424 del Código Civil. Se empleó un enfoque cualitativo, con diseño descriptivo y analítico, mediante entrevistas semiestructuradas a cinco operadores del derecho, codificados como E1 a E5, provenientes de distintas instituciones del sistema judicial y el Ministerio Público. La información obtenida fue analizada mediante categorización temática y comparación con la normativa vigente y estudios jurisprudenciales y doctrinales relevantes. Los resultados evidenciaron que la regulación actual carece de criterios objetivos, lo que genera discrecionalidad judicial, decisiones heterogéneas entre juzgados y dificultades probatorias recurrentes. La ambigüedad del concepto “estudios exitosos” dificulta la uniformidad de criterios y prolonga los conflictos judiciales, afectando la seguridad jurídica y la planificación económica del alimentante. Asimismo, se identificó un impacto económico significativo en los obligados a pagar alimentos a hijos mayores de edad, especialmente ante la ausencia de lineamientos claros sobre duración de estudios y aprovechamiento académico. Se concluyó que la normativa vigente requiere criterios objetivos y uniformes, como definir un tiempo máximo de estudios, establecer documentación probatoria válida y valorar objetivamente interrupciones académicas, con el fin de garantizar decisiones coherentes y predecibles, proteger la economía del alimentante y asegurar el derecho a la educación del alimentista, promoviendo la justicia y seguridad jurídica en los procesos alimentarios.