El procedimiento de desalojo notarial y la afectación a la función jurisdiccional, al principio de consensualidad y a la tutela jurisdiccional efectiva

Descripción del Articulo

La presente investigación tiene como finalidad determinar si el procedimiento de desalojo notarial, facultad otorgada por Ley al notario, afecta o no la función jurisdiccional otorgada por el Estado a los órganos jurisdiccionales, así como si se vulnera el principio de consensualidad que rigen los c...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Ruiz Bravo Pasco, Alejandro
Formato: tesis de maestría
Fecha de Publicación:2024
Institución:Universidad de San Martín de Porres
Repositorio:USMP-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/13990
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12727/13990
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Arrendamiento
Desalojo
Derecho de los contratos
Tutela jurisdiccional efectiva
Posesión (Derecho)
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La presente investigación tiene como finalidad determinar si el procedimiento de desalojo notarial, facultad otorgada por Ley al notario, afecta o no la función jurisdiccional otorgada por el Estado a los órganos jurisdiccionales, así como si se vulnera el principio de consensualidad que rigen los contratos. Para ello, ha sido importante contar con la opinión de diferentes especialistas sobre la materia, para poder llegar a una conclusión. En ese sentido, se realizó un análisis de cada concepto esencial relacionado a la controversia de la investigación. Se toca aspectos relacionados al derecho de posesión; se explica las formas que toma el procedimiento de desalojo; como también se desarrolla de manera específica el concepto de la función jurisdiccional, y los principios que abarca el contrato de arrendamiento. Toda la información brindada por cada uno de los capítulos permite concluir con que el procedimiento especial de desalojo por intervención notarial afecta la función jurisdiccional otorgada por el Estado a los órganos jurisdiccionales; y, los principios de consensualidad entre las partes y de tutela jurisdiccional efectiva.
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