El debido proceso en el juicio político

• Autor: Correa Flores, Carolina Raquel
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo
• Repositorio: UNPRG-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unprg.edu.pe:20.500.12893/8466
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12893/8466
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Juicio político por infracción constitucional; Juicio político; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación realiza un análisis de la regulación y estructura de la institución jurídica llamada - Juicio Político por Infracción Constitucional-, las cuales constituye un procedimiento para sancionar la responsabilidad de los altos funcionarios de Estado, en ese sentido, este tema tiene implicancias políticas y sociales que rebasan el ámbito jurídico, por tratarse de una institución que afecta los principios y garantías del debido proceso, siendo importante analizar la estructura y regulación actual de esta figuras constitucional, para poder contribuir a la mejora y evolución de dicha institución. Es una investigación jurídica – descriptiva, teniendo como objeto de estudio las normas constitucionales que regulan el procedimiento de juicio político en el Perú; así como de procesos políticos entablados contra altos funcionarios del Estado; por ello la población o muestra de la presente investigación lo conforman los hechos jurídicos que se han dado a lo largo de la existencia del proceso de juicio político, teniendo como ejemplo más importante el caso de la destitución de Tres Magistrados del Tribunal Constitucional en el gobierno del ex presidente Alberto Fujimori entre otros. El problema que se plantea en la investigación es ¿se exige la observancia de las garantías del debido proceso en sede de procedimiento parlamentario?.Y como hipótesis señalamos que si se tipifica con precisión y claridad las infracciones y sanciones políticas a la Constitución, se le podrá garantizar al alto funcionario del Estado, un proceso -juicio político- que respete los principios y garantías del debido proceso, entre ellos el principio de legalidad. Como resultados de la investigación: La falta de especificidad de las infracciones por los cuales procede el juicio político, puede generar confusión y ser utilizado en favor de los criterios subjetivos del Congreso, por consiguiente debió ser más clara la norma constitucional y establecer las infracciones específicos por los cuales procede el juicio político, ya que el no haberlo hecho es una violación o atentado contra el principio de legalidad.