La pena de inhabilitación perpetua en el marco del estado constitucional de derecho deviene en inconstitucional

• Autor: Gonzalez Perez, Jose Flavio
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Peruana Los Andes
• Repositorio: UPLA-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.upla.edu.pe:20.500.12848/11187
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12848/11187
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Inhabilitación perpetua; Estado constitucional de derecho; Derechos fundamentales; Administración pública; Corrupción; Metodología; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar que la pena de inhabilitación perpetua en el marco del Estado Constitucional de Derecho deviene en inconstitucional. Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico peruano asume la teoría que los derechos fundamentales no son absolutos, lo que implica que pueden ser restringidos o suspendidos en determinadas circunstancias y por mandato legal, estas medidas restrictivas o limitativas de derechos tienen que estar sujetas al límite que impone el marco constitucional en defensa del contenido esencial de los derechos fundamentales. El enfoque metodológico seguido es cualitativo y corresponde a la metodología de una investigación dogmático-jurídico, bajo la técnica del estudio, análisis e interpretación de las normas penales que sostienen la pena de inhabilitación perpetua y contrastándolas con lo que nuestra Constitución, Tratados Internacionales, jurisprudencia constitucional establecen respecto a la finalidad de la pena. Este tipo de investigación mediante la hermenéutica jurídica y el método comparativo nos ha permitido dar cumplimiento a nuestro propósito y alcanzar los objetivos planteados. Esperamos humildemente que los resultados de nuestro esfuerzo contribuyan a un esfuerzo mayoritario para la defensa de los derechos fundamentales y del propio Estado Constitucional de Derecho y que sirvan a implementar políticas coherentes con nuestro marco constitucional que le daría, creemos, mayor legitimidad y eficacia en la lucha contra la delincuencia en general y en particular contra la corrupción enquistada en los entes públicos.