Protección del bien jurídico en el delito de peculado en la sala penal liquidadora de la corte superior de justicia de Huánuco 2012 - 2013

• Autor: Camarena Borrovic, Francisco
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2015
• Institución: Universidad Nacional Hermilio Valdizán
• Repositorio: UNHEVAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unheval.edu.pe:20.500.13080/3074
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13080/3074
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Protección del bien jurídico; Delito de peculado; Corte superior de justicia; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

En el presente trabajo de investigación se tomó como punto de análisis e investigación la protección del bien jurídico en el delito de peculado en la Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, puesto que el delito de peculado sanciona al funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le están confiadas por razón de su cargo. Para atribuir la responsabilidad a una persona por el delito de peculado nuestro ordenamiento no sólo exige que el sujeto activo tenga la condición de funcionario público, sino, además, que ostente un vínculo funcional con los caudales o fondos del Estado. La vinculación funcional resulta un elemento o núcleo de la tipicidad imprescindible para subsumir una conducta en la figura de peculado, a efectos de no ampliar de manera arbitraria el marco de imputación por autoría. La vinculación funcional cumple una doble misión: en primer lugar, sirve para restringir o limitar el círculo de autores, circunscribiéndolo sólo a aquellos que posean los bienes públicos por razón del cargo, excluyendo de cualquier hipótesis de autoría a los que no gozan de tal relación funcional y; en segundo lugar, ésta exigencia constituye un límite que debe de ser advertido por jueces y fiscales, de lo contrario se atentaría el principio de legalidad, en el ámbito del mando de determinación de las normas punitivas. El delito de peculado constituye un caso paradigmático de delitos de infracción de deber “positivizado”, en el que las expectativas normativas se encuentran directa y formalmente dirigidas a aquellos sujetos que ocupan un status especial y su defraudación reside en el incumplimiento del deber institucional de fomentar el funcionamiento de la administración pública. En ese sentido, podemos afirmar que las conclusiones, así como las sugerencias realizadas demuestran que el problema planteado merece una atención urgente, la misma que debe pasar por la aplicación de soluciones creativas e innovadoras, sean estas referidas a la política criminal que debe aplicarse a las personas que comenten el delito o estén más relacionadas a las modificaciones legislativas y que inevitablemente sugieren el desarrollo del presente trabajo.