La prisión preventiva vulnera el principio de presunción de inocencia según sentencia Nº 80-2023, del Tribunal Constitucional del Perú, 2025

• Autor: Hidalgo Robles, Roxana Zulema
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica los Ángeles de Chimbote
• Repositorio: ULADECH-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/40659
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.13032/40659
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derechos Humanos; Justicia; Libertad; Presunción De Inocencia; Prisión Preventiva; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación analiza la relación entre la presunción de inocencia y la aplicación de la prisión preventiva, tomando como referencia la Sentencia Nº 80-2023 del Tribunal Constitucional del Perú. La investigación examina cómo la prisión preventiva, regulada en el Código Procesal Penal, puede afectar el derecho a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Perú. El objetivo fue Determinar si la aplicación de prisión preventiva configurado en el artículo 268º del Código Procesal Penal afecta el derecho constitucional de presunción de inocencia prevista en el artículo 2º, inciso 24, literal e) de la Constitución Política del Perú, según lo establecido en la Sentencia N.º 80-2023 del Tribunal Constitucional. En cuanto a la metodología fue diseño descriptivo, enfoque cualitativo, técnica análisis documental de leyes y jurisprudencias vinculados al tema y el instrumento fue ficha bibliográfica. El estudio tuvo como resultado que la vulneración de la presunción de inocencia está directamente relacionada con fallas en el sistema de administración de justicia, donde la falta de rigor, motivación adecuada en las resoluciones, o deficiencias en la investigación fiscal pueden llevar a decisiones que no respetan este principio fundamental. y Como conclusión se obtuvo que la prisión preventiva es una medida excepcional y no una regla general y las resoluciones judiciales que imponen la prisión preventiva, deben estar debidamente justificadas y abarcar todos los presupuestos legales.