Aplicación de la fiscalización orientativa en el cumplimiento de la regulación técnica y legal de la administración pública: el caso de la SUNASS

• Autor: Benites Saravia, Carlos Ernesto
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Inca Garcilaso de la Vega
• Repositorio: UIGV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uigv.edu.pe:20.500.11818/9820
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.11818/9820
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: fiscalización administrativa; regulación responsiva; fiscalización orientativa; cumplimiento normativo; servicios públicos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La actividad fiscalizadora del Estado es un instrumento esencial para garantizar el cumplimiento de las disposiciones técnicas y legales establecidas por la administración pública. En el caso de los servicios públicos como el de agua potable en el Perú, la fiscalización tradicional ha detentado un sesgo sancionador, adjudicando un carácter doloso al incumplimiento del administrado. Sin embargo, en los últimos años, con la modificación de la Ley del Procedimiento Administrativo General, algunas entidades han implementado tímidamente fiscalizaciones con finalidad orientativa, en concordancia con un nuevo paradigma que enfatiza la función preventiva de la fiscalización. A partir del Decreto Legislativo 1280 que aprueba la Ley Marco de la Prestación de los Servicios de Saneamiento, la SUNASS ha adoptado la fiscalización con finalidad orientativa, enfocada en la identificación de riesgos y la promoción del cumplimiento voluntario de las obligaciones normativas en el ámbito rural. El presente estudio examina la aplicación de este enfoque en organizaciones comunales encargadas de la prestación de los servicios de agua potable en la región Cajamarca, analizando su impacto en la mejora de la gestión de los servicios de saneamiento. Asimismo, propone la incorporación de principios de regulación responsiva en el marco legislativo nacional, a fin de optimizar la función fiscalizadora y contribuir a un modelo de gobernanza pública más eficiente, justo y acorde con las capacidades reales de los administrados.