Proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y la vulneración del debido proceso, Lima 2025

Descripción del Articulo

El estudio con ODS 16, denota el objetivo: Analizar si en el proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar existe vulneración del debido proceso, Lima 2025. Tesis cualitativa, tipo básico, diseño fenomenológico, con guía de entrevistas a 9 especialistas. Los resul...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Lumba Chavez, Jorge Luis
Formato: tesis doctoral
Fecha de Publicación:2025
Institución:Universidad Cesar Vallejo
Repositorio:UCV-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/174092
Enlace del recurso:https://hdl.handle.net/20.500.12692/174092
Nivel de acceso:acceso embargado
Materia:Proceso especial
Violencia
Familia
Vulneración del debido proceso
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00
Descripción
Sumario:El estudio con ODS 16, denota el objetivo: Analizar si en el proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar existe vulneración del debido proceso, Lima 2025. Tesis cualitativa, tipo básico, diseño fenomenológico, con guía de entrevistas a 9 especialistas. Los resultados revelan que, el 80% de los participantes asegura que, en la práctica, el proceso especial previsto en la Ley N.°30364 vulnera derechos fundamentales del denunciado, el emplazamiento del denunciado no siempre se realiza de forma adecuada, vulnerando su derecho a conocer el proceso en su contra antes de la imposición de restricciones y que el plazo de emisión de medidas de protección, no se cumple de manera uniforme lo que genera incertidumbre jurídica. Las conclusiones destacan que el proceso especial de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, regulado por la Ley N.º 30364, sí genera vulneraciones al debido proceso en el contexto de su aplicación práctica. Si bien esta norma tiene como propósito proteger de manera urgente a las víctimas de violencia familiar, en su implementación se identifican vacíos normativos, prácticas irregulares y desequilibrios procesales que afectan derechos fundamentales del denunciado y vulnera principios como la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el derecho a la información.
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