Restricción de beneficios sociales en el Decreto Legislativo N°1057- CAS a servidores públicos de la Corte Superior de Justicia, Piura - 2020

• Autor: Arévalo Córdova, Milena Patricia
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2020
• Institución: Universidad Cesar Vallejo
• Repositorio: UCV-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/62364
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12692/62364
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Funcionarios públicos; Beneficios sociales - Derecho y Legislación - Perú; Contratos de trabajo - Perú; Derecho laboral - Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación realizo un análisis sobre la problemática que acontece todo trabajador que suscribió contrato administrativo de servicios mediante el estudio denominado “Restricción de beneficios sociales en el Decreto Legislativo 1057-CAS a servidores públicos de la Corte Superior de Justicia de Piura”, el cual tiene como objetivo general Determinar si el Decreto Legislativo N° 1057 –CAS restringe los beneficios sociales irrenunciables de los servidores públicos. El tipo de investigación es aplicada, no experimental y descriptivo transversal, la técnica empleada fue la encuesta y su instrumento el cuestionario, aplicado vía online a una población de 25 especialistas en derecho laboral de la Corte Superior de Justicia de Piura, obteniendo como principal resultado que el 96% o la mayor parte de los especialistas señalaron que el CAS restringe beneficios laborales reconocidos constitucionalmente siendo la Gratificación, Compensación por Tiempo de Servicios y Asignación familiar. Como principal conclusión se tiene que el Decreto Legislativo 1057-CAS, es un régimen especial distinto al régimen laboral 276 y 728, por su contenido normativo, disposiciones y criterios establecidos en la contratación del servidor público CAS, pero principalmente porque presenta un nivel alto de restricción de beneficios y derechos laborales reconocidos por la constitución y leyes de índole internacional, en consecuencia dicha restricción convierte al CAS en una contratación no idónea para los trabajadores por carecer de elementos que garanticen la protección y el reconocimiento de sus derechos, siendo el Estado el principal garante y responsable para proteger al trabajador.