Beneficios de incorporar plazos determinados en las medidas de protección emitidas por el Tercer Juzgado de Familia de Ayacucho, 2024

• Autores: Medina Cárdenas, Lucero Viviana, Mendieta Mendoza, Frids Imanol
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2025
• Institución: Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI
• Repositorio: UCT-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uct.edu.pe:20.500.14520/10618
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.14520/10618
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Medidas de protección, Sobrecarga judicial, Plazos determinados, Tercer Juzgado de Familia, Recursos judiciales.; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La presente investigación tuvo como objetivo general determinar los beneficios de incorporar plazos determinados en las medidas de protección emitidas por el Tercer Juzgado de Familia de Ayacucho en el año 2024. La metodología empleada consistió en la realización de entrevistas a abogados litigantes del Distrito Judicial de Ayacucho, bajo un enfoque cualitativo, de tipo básico descriptivo, con un diseño no experimental y un muestreo no probabilístico. La muestra estuvo conformada por 10 abogados litigantes del mencionado distrito judicial. Los resultados obtenidos evidenciaron la necesidad de establecer plazos determinados para el cese de las medidas de protección, debido a que muchas de ellas se prolongan innecesariamente, incluso cuando la persona beneficiaria ya no se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Esta situación genera una acumulación de expedientes, lo que a su vez ocasiona una sobrecarga en el sistema judicial. Asimismo, se identificaron beneficios concretos de fijar una temporalidad, tales como una atención más rápida por parte del Tercer Juzgado de Familia y la prevención de abusos en la extensión del tiempo de vigencia de dichas medidas. En conclusión, se determinó que la incorporación de plazos determinados para el cese de las medidas de protección resultaría favorable, ya que contribuiría a reducir la sobrecarga judicial, agilizar la atención de los casos de violencia familiar y evitar la saturación de los recursos del sistema de justicia.