Presupuestos de aplicación del proceso inmediato reformado - Acuerdo plenario extraordinario N° 2-2016/CIJ-116

• Autores: Huansi Andi, Edson Armando, Sommo Mendoza, Javier Francisco
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Científica del Perú
• Repositorio: UCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.ucp.edu.pe:20.500.14503/589
• Enlace del recurso: http://repositorio.ucp.edu.pe/handle/20.500.14503/589
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Incoación; Proceso inmediato; Flagrancia; Prueba evidente; Delito confeso; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El tema que abarca el presente análisis jurídico, tiene como sustento lo establecido en el Acuerdo Plenario Extraordinario N°2-2016/CIJ-116, que busca tener una interpretación uniforme y de la generación de una doctrina jurisprudencial para garantizar la debida armonización de la conducta de los jueces en los procesos inmediatos a nivel nacional, así tenemos como muestra la cantidad de procesos inmediatos incoados desde el inicio del año 2018 hasta la fecha, en la Corte Superior de Justicia de Loreto, y cuántos de estos llegan a etapa de Juicio Oral, eso con el fin de visualizar como es que la función protectora que tiene el Derecho Penal alcanza el resultado primigenio que se busca con la inserción de este proceso especial, que es la “simplificación procesal” entendiéndose este como la eliminación o reducción de etapas procesales y así aligerar el sistema probatorio para lograr una justicia célere; se tiene que el objetivo del referido Acuerdo Plenario es que los jueces de todas las instancias deben invocar los principios jurisprudencial contenidas en el Acuerdo, respecto del Proceso Inmediato. Material y Métodos; se empleó una ficha de análisis de documentos, analizando una muestra consistente en un grupo de expedientes judiciales, a través del Método Descriptivo Explicativo, cuyo diseño no fue experimental, es post facto. Entre el Resultado, el Colegiado Supremo, declara ESTABLECER como doctrina legal, los criterios expuestos en este Acuerdo. En conclusión, a través del Acuerdo Plenario, se establece como doctrina legal “los preceptos jurisprudenciales para la legitimación de la incoación obligatoria del proceso inmediato reformado”.