La valoración de la declaración de un coimputado sobre un hecho de otro coimputado; a partir del análisis de las posiciones discordantes que contiene el recurso de nulidad n°-1722-2013-Junín, emitido por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República

• Autores: Arellano Laos, Wilber Rafael, Bernaola Schutze, Anderzon Henry, Coronel Peña, Beeder Alvaro
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2018
• Institución: Universidad Continental
• Repositorio: CONTINENTAL-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.continental.edu.pe:20.500.12394/7206
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12394/7206
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho procesal penal; Código penal; Corte Suprema; Procedimientos; Coimputado; Junín; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.02

El presente trabajo versa sobre el análisis de los actuados contenidos en el expediente N°-00034-2010-0-1505-SP-PE-01, seguidos en contra de los procesados Edgar Severiano Rojas Cantalicio y Edison Rojas Clemente, por la comisión del delito de Robo Agravado en agravio de Carlos Walter Orihuela Durand. En el cual, al resolver el recurso de nulidad (apelación) que el primero de los mencionados interpuso contra la sentencia que le impuso diez años de pena privativa de libertad a nivel de la Sala Superior, en la Corte Suprema se configuró discordia entre los miembros de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, tal como se tiene del Recurso de Nulidad N°-1722-2013-JUNIN. Así el voto en mayoría termina por absolver al recurrente; mientras que el voto en minoría se decantó por confirmar la declaración de responsabilidad penal e inclusive incrementar la pena de diez a catorce años; a pesar que cada una de esas decisiones recurrió para la resolución del caso, a los criterios que el Acuerdo Plenario N° 2-2005/CJ-116 ha establecido para determinar, cuando la declaración de un co imputado sobre los hechos de otro co imputado, en un delito en el cual participaron; tiene la suficiente entidad como para destruir la garantía de la presunción de inocencia que la Constitución establece a favor de todo procesado.