Cobranza coactiva del impuesto predial y la vulneración de los derechos humanos en la Municipalidad Provincial de Urubamba – 2021

• Autores: Jara Olivera, Dick William, Zans Leo, César Augusto
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2023
• Institución: Universidad Andina del Cusco
• Repositorio: UAC-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.uandina.edu.pe:20.500.12557/5971
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12557/5971
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Cobranza coactiva; Impuesto predial; Vulneración de los derechos humanos; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

La presente investigación tiene la finalidad de analizar el procedimiento del cobro coactivo del impuesto predial, si en su ejecución se vulneraron los derechos humanos, a consecuencia de que el organismo de ejecución coactiva establece la colocación en los inmuebles de los deudores tributarios al pago del impuesto municipal de avisos de la falta de pago, causando con ello vulneración de los derechos humanos previstos en la carta magna del estado peruano, consagrados en el artículo 1°, que se refiere a la persona (inherente a la protección, respeto y dignidad), que es también fin y misión del estado, así como el artículo 2° numeral 5 segundo párrafo sobre el secreto bancario y la reserva tributaria atribuibles al órgano jurisdiccional, la fiscalía de la nación o de una comisión investigadora del congreso, no aplicables a los gobiernos locales, también se estaría vulnerando el derecho consagrado en el artículo 2 numeral 7 que se refiere a la buena apreciación de la persona, ese sentimiento positivo hacia sí, es el honor y la reputación en el buen sentido y en la imagen. que irradia a los demás. Por lo tanto, los avisos pegados en el frontis del deudor por ser vía pública se ven afectadas por dichas notificaciones sobre su imagen o vida privada. De igual modo las medidas cautelares de embargo en forma de retención, así como los oficios emitidos por el ejecutor coactivo hacia las entidades bancarias solicitando la retención de sus activos, desvirtúan lo establecido en el artículo 28 de la Ley 26979, y art. 28.1 de la Ley 28165, sobre la prohibición a los ejecutores coactivos de las municipalidades de trabar medida cautelar en forma de retención y solamente lo pueden hacer en forma de intervención en información.