Inconstitucionalidad de la suspensión del plazo de la prisión preventiva en el marco del covid-19 en el Perú

• Autor: Cacha Toledo, Deibi Crobeto
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
• Repositorio: UNASAM-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:172.16.0.151:UNASAM/4946
• Enlace del recurso: http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/4946
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Constitución; Principios constitucionales; Proceso penal; Garantías constitucionales; Inconstitucionalidad; Prisión preventiva; COVID-19; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00

La finalidad de la presente tesis fue determinar los argumentos jurídicos para cuestionar la inconstitucionalidad de la medida de suspensión del plazo de la prisión preventiva dispuesta por la Resolución Administrativa N° 115-2020-CE-PJ (ampliada mediante el Resolución Administrativa N° 000117-2020-CE-PJ) en el marco del COVID-19 en el Perú; para lo cual se realizó una investigación dogmática, no experimental, transversal, descriptiva, donde la unidad de análisis estuvo constituida por las fuentes formales del derecho; se emplearon como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis documental. La investigación demostró que no existen argumentos doctrinarios, legales, ni jurisprudenciales que justifiquen la suspensión del plazo de la prisión preventiva, ya que, al amparo del principio de legalidad, los únicos supuestos en los cuales no procede el cómputo del plazo de la prisión preventiva se encuentran debidamente establecidos en el artículo 275 del Código Procesal Penal. De estos tres supuestos, el único que trae como consecuencia la suspensión del cómputo del plazo de la prisión preventiva sería el primero ―dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa―; en consecuencia, la suspensión de los plazos procesales decretada por el Concejo Ejecutivo del Poder Judicial puede ser atribuida al imputado, por cuanto este ha generado o creado la pandemia del COVID-19 y de acuerdo al principio de jerarquía normativa colisiona con el Decreto Legislativo N° 957 (Código Procesal Penal), el cual tiene el rango de ley, y en consecuencia resulta jerárquicamente superior a dichas resoluciones administrativas