La lucha contra la corrupción como valor o interés constitucionalmente protegido en el estado constitucional

Descripción del Articulo

El propósito fundamental de la investigación fue analizar las razones jurídicas que justifican a que la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o interés constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional; para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descrip...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Rojas Principe, Antonio
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2018
Institución:Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
Repositorio:UNASAM-Institucional
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:172.16.0.151:UNASAM/2492
Enlace del recurso:http://repositorio.unasam.edu.pe/handle/UNASAM/2492
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Constitución
Corrupción
Valor o interés constitucionalmente protegido
Estado Constitucional
Descripción
Sumario:El propósito fundamental de la investigación fue analizar las razones jurídicas que justifican a que la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o interés constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional; para lo cual se realizó una investigación dogmática, transversal, descriptiva, no experimental, careciendo de delimitación temporal y espacial el problema por el tipo de investigación realizada. La unidad de análisis estuvo constituida por la doctrina, jurisprudencia y normatividad. Se utilizaron como técnicas el fichaje y el análisis de contenido, utilizando como instrumentos de recolección datos las fichas y ficha de análisis de contenido respectivamente. Entre los métodos empleados tenemos al dogmático, exegético, hermenéutico, argumentación jurídica. La investigación ha demostrado que la corrupción consiste en un atentado directo y frontal contra un amplio abanico de cláusulas constitucionales que definen los parámetros jurídicos a los que debe estar siempre subordinada la actuación de los organismos públicos: legalidad, seguridad jurídica, responsabilidad e interdicción de la arbitrariedad, equidad, eficiencia y economía en el gasto público, imparcialidad en la actuación de los funcionarios públicos., por lo que se justifica que la lucha contra la corrupción sea considerada como valor o interés constitucionalmente protegido en el Estado Constitucional
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