Vulneración del derecho de defensa del emplazado en el otorgamiento de medidas de protección en aplicación de la Ley 30364

• Autor: Arce Chambilla, Almendra Milagros
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Universidad Nacional de Piura
• Repositorio: UNP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.unp.edu.pe:20.500.12676/3085
• Enlace del recurso: https://repositorio.unp.edu.pe/handle/20.500.12676/3085
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: derecho de defensa; proceso especial; medidas de protección; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

la presente investigación, buscó identificar que en aplicación de la Ley N° 30364 Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar, se ha vulnerado el derecho de defensa de la parte denunciada, al otorgarse medidas de protección, brindando mayor seguridad a una de las partes, olvidando que ambas partes del proceso son sujetos de derecho, con derechos constitucionales reconocidos El tipo de investigación que se efectuó en este trabajo fue enfoque cuantitativo, de diseño investigación-acción, cuya muestra estuvo compuesta por sentencias expedidas por las salas civiles, así como reporte de denuncias sobre violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar Se obtuvo como resultado que la Ley N° 30364 y su reglamento, viene afectando el contenido esencial del derecho fundamental de defensa de los denunciados, pues si bien se caracteriza por su celeridad, y salvaguardar la protección de la víctima, no ocurre lo mismo con el denunciado, al permitir se otorguen medidas de protección valorando únicamente los medios probatorios brindados por la victima como son su declaración y la aplicación de la ficha de valorización de riesgo tal como lo establece el artículo 19 del decreto supremo N° 009-2016-MIMP Reglamento de la Ley así como el artículo 19 y 28 de la citada Ley, siendo que de esa forma el demandado no pueda ejercer adecuadamente su derecho a la defensa. La mencionada Ley no ha regulado las garantías mínimas que el denunciado debe tener para ejercer su derecho de defensa, razón por la cual, es importante que este proceso especial considere que el derecho de defensa del denunciado también debe ser garantizado desde el inicio hasta el final del proceso.