Informe sobre Expediente N° 11.830 – Trabajadores Cesados del Congreso contra el Estado de Perú

• Autor: Castaños Gutiérrez, Guillermo Sebastian
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2021
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.pucp.edu.pe:20.500.14657/179162
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/19624
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Contratos de trabajo--Extinción--Perú; Despido de empleados--Legislación--Perú; Trabajadores--Derechos; Derecho laboral--Perú; http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente informe realiza un análisis de los problemas jurídicos detectados en el Caso 11.830 – Trabajadores Cesados del Congreso contra el Estado Peruano, a partir de los hechos acontecidos en el año 1992, donde el Estado dispuso el cese masivo de más de mil trabajadores del Congreso, los cuales, luego de ver impedido su derecho al acceso a la justicia, decidieron buscar tutela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual, dispuso que el Estado deba garantizar un nuevo proceso judicial en el cual se tutele el derecho de las víctimas. La motivación para este informe se da en atención a la afectación de la cual siendo víctimas los ex trabajadores del Congreso, quienes, luego de una sentencia emitida en el año 2006, aún no logran obtener justicia, luego de que la Corte Interamericana emitiera un fallo cuestionable e inefectivo. El presente trabajo, se propone como objetivos i) demostrar la invalidez del despido al que fueron víctimas los extrabajadores, ii) evidenciar la posibilidad jurídica de aplicar el artículo 26° de la Convención Americana, a partir de la doctrina, jurisprudencia y la necesidad práctica, iii) por último, evidenciará cómo la simple disposición de un proceso legal no es garantía suficiente para garantizar la tutela de los derechos de los ciudadanos. Finalmente, concluiremos señalando que el cese colectivo en contra de las víctimas fue ilegal, que la inaplicación del artículo 26° de la Convención Americana genera severos daños respecto a una verdadera tutela reparadora en favor de las víctimas, y, por último, comprobaremos cómo el Estado generó un escenario de incertidumbre e impredecibilidad que impidió la tutela de los derechos de las víctimas