Criterios de la corte interamericana de derechos humanos sobre el derecho a recurrir y sus consecuencias por no incorporarse al sistema de impugnación penal peruano

• Autor: Layme Yepez, Hernan
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2016
• Institución: Universidad Nacional Del Altiplano
• Repositorio: UNAP-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/6648
• Enlace del recurso: http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/6648
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Derecho penal; Derecho internacional

El presente trabajo de investigación contiene un investigación documental de la totalidad de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto es, sobre el derecho a recurrir previsto en el artículo 8.2.h. de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el periodo del año 2004 a 2014; cuyo objetivo general es justificar la necesidad de adecuar el sistema jurídico de impugnación penal peruano, conforme a los criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; para tal fin, se tiene como objetivos específicos identificar tales criterios y analizar las consecuencias procesales, económicas y normativas para el Perú de tal inobservancia. Para ello resulta pertinente hacer uso de los métodos dogmático, de argumentación jurídica y sociológico funcional; esperando como resultados, la demostración de criterios jurisprudenciales uniformes, constantes y reiterados del derecho a recurrir el fallo como una garantía mínima y primordial en el marco del debido proceso legal, al que toda persona condenada por primera vez, debe procurársele un recurso efectivo, sencillo y accesible para recurrir el fallo ante el superior jerárquico, que permita una revisión integral de la sentencia, sin que importe un “nuevo juicio” o la denominación que se le otorgue, capaz de procurar la corrección de una condena errónea; denotándose la necesidad de adecuar el sistema jurídico de impugnación penal peruano a fin de evitar que el Perú sea declarado responsable internacionalmente por violación de los Derechos Humanos, la declaración de nulidad de sentencias firmes, las eventuales libertades de sentenciados por delitos graves, las sanciones económicas y la eventual conminación para la reforma de la normativa Procesal Penal.