La evolución de las disposiciones gubernamentales para el proceso de formalización minera en las actividades de pequeña minería y minería artesanal en el Perú, entre los años 2012 al 2018

• Autor: Chávez Bazán, Jorge Luis
• Formato: tesis de maestría
• Fecha de Publicación: 2019
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/15025
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/15025
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Industria minera--Política gubernamental--Perú; Pequeñas y medianas empresas--Política gubernamental--Perú; Economía informal--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01

Con la Promulgación del Decreto Legislativo Nº 1105 en el año 2012 se pretendió regular las actividades mineras de exploración, explotación y beneficio que venía desarrollando la Pequeña Minería y Minería Artesanal en concesiones mineras propias o ajenas, del mismo m o d o p a r a l o s d e s a r r o l l a d o s e n petitorios mineros en trámite e incluso en concesiones mineras extinguidas. La norma desarrolla por primera vez la definición de minería informal y hace su distinción de la minería ilegal. La publicación de la norma significó un retroceso importante en la lucha contra la minería ilegal, simbolizando la herramienta legal para que el minero ilegal se incorpore a un proceso de formalización bajo la denominación de sujeto en vías de formalización minera asegurando la continuidad de sus actividades. El Gobierno logró empadronar a 75000 personas en su primera etapa y logró formalizar el 0.3% (aprox. 300 personas) lo que significó un avance intrascendente respecto a los objetivos planteados por el Gobierno hasta el 2014. Es así que con el objetivo de reestructurar el proceso de formalización minera se crea la Etapa de Saneamiento con el objetivo de dar un plazo adicional a los no formalizados, exigiendo para la transferencia a este nuevo registro el de contar con (RUC) como único requisito. Esta medida gubernamental generó malestar y rechazo de parte de los titulares de las Concesiones Mineras que no tenían voluntad de suscribir contratos de explotación con los mineros en vías de formalización. Se critica la falta de proporcionalidad respecto a la norma y la asignación de valor que se le debió dar a los pasos y requisitos de formalización exigidos hasta la vigencia de la norma, las cuales fueron las mismas pero invertidos en orden de requerimiento. El Estado con el objetivo de simplificar la permisología respecto a la formalización ha propuesto un Proceso de Formalización Minera Integral (2017) e inicios del 2018 resaltando como característica principal el carácter exclusivo respecto a los criterios de inscripción de la persona jurídica que se encuentra en operaciones y la negativa de permitir el desarrollo de las actividades de beneficio que han desnaturalizado el origen y el objetivo de la norma primogénita, que es la formalización. La necesidad de hacer un estudio critico constructivo a detalle respecto a la evolución que han tenido las normas que regulan la actividad nace a raíz del poco número de mineros formalizados a nivel nacional y las barreras que encuentra el minero en cada requisito de debe cumplir para alcanzar tan ansiada formalización.