El rol de la Contraloría General de la República en la aprobación de las prestaciones adicionales de obra pública en el marco de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas – Ley N.º 32069

Descripción del Articulo

La regulación de las Prestaciones Adicionales de Obra (PAO) ha experimentado una evolución significativa desde la Ley 1017 hasta la Ley 32069, principalmente en torno al grado de control y la participación de la Contraloría General de la República (CGR). Existe un rol predominante a la CGR mediante...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Maldonado Espinoza, Leyda Beatriz
Formato: tesis de grado
Fecha de Publicación:2025
Institución:Pontificia Universidad Católica del Perú
Repositorio:PUCP-Tesis
Lenguaje:español
OAI Identifier:oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/33413
Enlace del recurso:http://hdl.handle.net/20.500.12404/33413
Nivel de acceso:acceso abierto
Materia:Contratos públicos--Legislación--Perú
Contraloría--Legislación--Perú
Control previo
Equilibrio (Economía)
Derecho administrativo--Legislación--Perú
https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01
Descripción
Sumario:La regulación de las Prestaciones Adicionales de Obra (PAO) ha experimentado una evolución significativa desde la Ley 1017 hasta la Ley 32069, principalmente en torno al grado de control y la participación de la Contraloría General de la República (CGR). Existe un rol predominante a la CGR mediante un control previo intenso y vinculante en la aprobación de PAO. Este fortalecimiento del control apunta a garantizar un uso más responsable de los recursos públicos y reducir sobrecostos injustificados, pero también genera efectos prácticos relevantes: incrementa la carga burocrática, introduce mayores plazos y puede retrasar la ejecución de intervenciones indispensables para la continuidad o funcionalidad de la obra. Asimismo, la mayor rigidez normativa incrementa el riesgo de que el contratista ejecute prestaciones necesarias sin contar aún con autorización, lo que afecta directamente la ecuación económico-financiera del contrato y traslada al privado impactos patrimoniales que no le corresponde asumir. En conjunto, la trayectoria normativa refleja una tensión estructural entre agilidad en la gestión de obras y refuerzo del control, lo que exige evaluar mecanismos que permitan controlar el gasto público sin comprometer la eficiencia operativa ni el equilibrio contractual.
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