¿Son las sanciones de la Contraloría General un mecanismo disuasivo eficaz? Un análisis de su potestad sancionadora y el principio de legalidad en la función pública

• Autor: Reyes Yábar, Brenda Rosali
• Formato: tesis de grado
• Fecha de Publicación: 2024
• Institución: Pontificia Universidad Católica del Perú
• Repositorio: PUCP-Tesis
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:tesis.pucp.edu.pe:20.500.12404/30215
• Enlace del recurso: http://hdl.handle.net/20.500.12404/30215
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Perú. Contraloría General de la República; Sanciones administrativas--Perú; Procedimiento administrativo--Perú; https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01

El presente trabajo analiza la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República (CGR) del Perú y su relación con el principio de legalidad, con especial énfasis en la sentencia del Tribunal Constitucional (Expediente N° 026- 2021-PI/TC). Se examina el marco constitucional y legal que sustenta las facultades de fiscalización y sanción de la CGR, resaltando su papel clave en la prevención y lucha contra la corrupción, así como en la supervisión del uso de los recursos públicos. Además, se profundiza en los subprincipios de tipicidad y taxatividad, esenciales para garantizar la seguridad jurídica y evitar discrecionalidades en la aplicación de sanciones. El análisis de la mencionada sentencia evidencia que la norma que regulaba las infracciones y sanciones, presentaba imprecisiones que vulneraban la taxatividad, generando riesgos de interpretación discrecional. En este contexto, se destaca el rol del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas (TSRA), que mediante acuerdos plenarios ha precisado conceptos clave como “perjuicio al Estado” y ha eliminado términos ambiguos como “grave afectación al servicio público”, buscando mayor claridad normativa. Finalmente, se proponen mejoras para el procedimiento administrativo sancionador, incluyendo la revisión y actualización de la tipificación de infracciones, el fortalecimiento de la celeridad y transparencia de los procesos y la adopción de un sistema de sanciones progresivas que equilibre la prevención con la corrección de conductas irregulares. Estas medidas buscan fortalecer el control gubernamental y asegurar que el ejercicio de la potestad sancionadora de la CGR sea eficaz y plenamente conforme al principio de legalidad.