Gestión educativa descentralizada con enfoque territorial : balance 2011-2015

• Autores: Vargas Dávila, José Luis, Neyra, Carolina, Kerrigan, Santiago, Rivera, Fernando, CNE. Consejo Nacional de Educación
• Formato: informe técnico
• Fecha de Publicación: 2017
• Institución: Ministerio de Educación
• Repositorio: MINEDU-Institucional
• Lenguaje: español
• OAI Identifier: oai:repositorio.minedu.gob.pe:20.500.12799/5532
• Enlace del recurso: https://hdl.handle.net/20.500.12799/5532
• Nivel de acceso: acceso abierto
• Materia: Descentralización educativa; Participación ciudadana; Legislación educativa; Presupuesto educativo; Perú

El balance advierte la carencia de un ente conductor del proceso de descentralización a nivel país, así como de una ruta clara de implementación ante el debilitamiento de la Secretaría Nacional de Descentralización y la no aprobación del Plan Nacional de Descentralización, propuesto en el 2012 por PCM. Asimismo, la falta de una instancia de diálogo y articulación intergubernamental, como el Consejo de Coordinación Intergubernamental, que dé orientación al proceso de descentralización y a las Comisiones de Coordinación Intergubernamental sectoriales. A esto se añade que el desigual equilibrio de poderes con que se inicia y sostiene el proceso de descentralización se sigue manteniendo hasta la actualidad con una tendencia progresiva hacia la recentralización. Sin embargo, en este contexto es importante relevar que tanto los GORE como los GL realizaron valiosos aportes para el desarrollo de la gestión descentralizada en el país. Se requiere un desarrollo normativo que corrija las restricciones que limitan la implementación de una gestión descentralizada con enfoque territorial; orientando, profundizando y ampliando su diseño e implementación. Para el periodo 2011 - 2015, el marco normativo sectorial ha avanzado en desarrollar una arquitectura de la gestión educativa descentralizada, aunque continúa asignando competencias y funciones compartidas a los tres niveles de gobierno sin especificar qué le corresponde a cada uno, debido a la ausencia de la LOF. La normativa sectorial ha permitido regular la intervención de los niveles de gobierno subnacionales en la implementación de las políticas nacionales. En el ámbito regional, el marco normativo, vía ordenanzas regionales, es de construcción permanente y orienta la gestión de las políticas públicas regionales con un enfoque territorial. La planificación es un componente del desarrollo territorial. Se trata de un proceso participativo y sociopolítico con capacidad para agregar demandas e intereses en políticas locales, regionales y nacionales, construir territorio y fortalecer identidades culturales. En este marco, la gestión descentralizada de la educación con enfoque territorial requiere la generación de espacios y estrategias que promuevan la participación de los actores involucrados en el desarrollo regional y en el desarrollo educativo como medio para concertar definir y priorizar políticas, planes y actividades sectoriales e intersectoriales articulados al desarrollo territorial y a la prestación de servicios educativos de calidad, para garantizar a la ciudadanía mejora en su bienestar. En términos de balance para el periodo 2011 - 2015, se ha identificado que a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años, en el aparato público peruano no se realiza una planificación estratégica adecuada; el sector educación implementó prioridades concertadas de política educativa, mostrando avances en cada una de ellas, pero resultados heterogéneos entre las regiones. Se cuenta, además, con información escasa para tomar decisiones acerca de la implementación de prioridades de política regional y el ejercicio de sus roles y funciones, sumado a escasos incentivos presupuestales para emprender procesos de planificación regional. El presupuesto es un instrumento que facilita la implementación de las políticas que se han priorizado y planificado en el Estado, en sus diferentes niveles de gobierno, de ahí que su uso racional, eficiente y eficaz garantizaría la prestación adecuada de los servicios públicos que propician el bienestar de los ciudadanos. En el balance, del periodo 2011 - 2015, se ha constatado la desarticulación entre presupuesto y planificación y la rigidez de los sistemas administrativos del Estado; el débil avance en el establecimiento de criterios políticos y técnicos para la articulación y gestión intergubernamental del presupuesto público del sector Educación; la recentralización del presupuesto público y el escaso margen de acción para la implementación de iniciativas regionales; la débil validez de la afirmación que indica “escasa capacidad de gasto de los gobiernos subnacionales”; la alta prioridad que los GORE le asignan a la inversión en Educación y el debilitamiento de la gestión por resultados por una mirada instrumental de los PPR.