Puede parecer llamativo hoy, en el presente siglo XXI, y cuando nuestro país ha avanzado de forma evidente por la senda de los principios democráticos, dedicar una investigación al inculpado o imputado y sus derechos, habida cuenta de que nuestro texto constitucional está plagado de preceptos que elevan esta figura al rango de las más significativas del proceso penal, rodeándola de un conjunto de derechos lo suficientemente amplios como para estimar que su protección está desde todo punto garantizada. Sin embargo, estas afirmaciones, a poco que se quiera profundizar, o mejor dicho, que se observe la realidad del proceso penal vivo, se podrá observar que no son totalmente ciertas. En efecto, cada vez resulta más evidente que no es suficiente con la plasmación legal de derechos de los ciudadanos sin una regulación correlativa y, necesariamente, casuística, de las consecuencias...