Aun cuando la potestad sancionadora del Estado data de hace muchas décadas, las infracciones cometidas por sus servidores y funcionarios públicos no cesan. Muy por el contrario, en la actualidad el país vive una grave crisis institucional, y es que las estructuras administrativas del Estado se han visto afectadas por las deplorables actuaciones de sus recursos humanos, los cuales, guiados por intereses privados han utilizado a las entidades públicas para tal fin. En la Nota de Prensa N° 381-2019-CG-GCOC: Más de dos mil funcionarios están impedidos de trabajar en el Estado, publicado en la página web de la Contraloría General de la República, se señala que un total de 2 137 funcionarios y servidores públicos se encuentran suspendidos o inhabilitados temporalmente para ejercer la función pública al haber sido sancionados administrativamente por inconducta funcional, dicha dat...