Efectos jurídicos de la normatividad existente que restringe el derecho fundamental de la participación ciudadana, en el Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca - Dávila Elguera, Dáel Carlos (2012)
RESUMEN El derecho a la participación ciudadana se encuentra constitucionalmente reconocido en los artículos 2°, inciso 19, y 31° de nuestra constitución. Ambos dan origen a todo nuestro régimen democrático en el cual la democracia representativa asume la conducción de la nación, mientras que la democracia participativa contribuye con la gobernabilidad y legitimidad de los gobiernos. En el año 2002 se inicia la reforma constitucional sobre la organización territorial de la nación y se incorpora por primera vez el componente participativo y concertativo entre los agentes del gobierno y los miembros de la sociedad. Uno de estos espacios es el Consejo de Coordinación Regional, que agrupa al Presidente Regional, los Alcaldes Provinciales y a miembros de la sociedad civil a fin de que de manera concertada pueda aprobar el presupuesto participativo y emitir opinión sobre temas de interés. Por primera vez se legaliza un espacio desde el cual se pueda ejercer el derecho a la participación ciudadana desde la democracia participativa. Como punto de partida del problema de investigación de la presente tesis, se evidencio que el número de organizaciones que postulan cada periodo para conformar el Consejo de Coordinación Regional se viene reduciendo constante y considerablemente, lo cual puede tener diferentes razones pero que desde el derecho fundamental a la participación ciudadana llamo especial atención la posibilidad de estudiar aquellos requisitos legales que impiden a las organizaciones de la sociedad civil participar del proceso de postulación del Consejo de Coordinación Regional. Por lo tanto se tuvo como problema central de la investigación conocer cuáles son los efectos jurídicos de la normatividad existente que restringe el derecho fundamental de la participación ciudadana en el Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca. En ese sentido, se planteó como objetivo general conocer los efectos jurídicos en mención, para lo cual los objetivos específicos serían analizar la normatividad que restringe la inscripción de organizaciones sociales al proceso de postulación para conformar el Consejo de Coordinación Regional, conocer el número de organizaciones sociales que no pudieron inscribirse al proceso de postulación al Consejo de Coordinación Regional por no cumplir con los requisitos legales y analizar la afectación al derecho fundamental a la participación desde la democracia participativa. Así mismo la hipótesis de investigación fue que los efectos jurídicos en la normatividad existente en la ley orgánica de gobiernos regionales que establece requisitos legales para que las organizaciones sociales puedan participar del Consejo de Coordinación Regional, son una barrera legal que afecta el derecho fundamental a la participación en la democracia participativa. Es importante el estudio de esta tesis ya que Cajamarca tiene una amplia historia de participación ciudadana, siendo el primer departamento en 1990 donde nacen las Mesas de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza. Como resultado de la investigación se reflexionó ampliamente sobre el derecho constitucional a la participación ciudadana el cual se encuentra normado en el artículo 191° de la Constitución y atribuye competencias en dicha materia a los Gobiernos Regionales por medio de la Ley de Bases de descentralización, sin embargo la ley de Gobiernos Regionales ha codificado requisitos que las organizaciones sociales que deseen postular al Consejo de Coordinación Regional deben cumplir, los cuales son estar inscrito en registros públicos y acreditar tres años de existencia. En la presente tesis se ha estudiado ampliamente ambos requisitos y se ha catalogado aquellas organizaciones que no pudieron formar parte del proceso de postulación por no contar con uno de los requisitos legales. Como resultado, se tiene que en todos los años del Consejo de Coordinación Regional un 28% de organizaciones que postularon no fueron aceptadas. Lo cual desde ya son barreras legales que afectan el derecho constitucional a la participación ciudadana. Los efectos jurídicos que traen estas barreras legales es la afectación al derecho constitucional de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos de la nación, el derecho a las formas de identidad cultural y el derecho a la forma de asociación jurídica, ya que los requisitos establecidos en la ley de Gobiernos Regionales considera homogénea y con la misma dinámica organizacional a toda la sociedad civil, sin embargo en Cajamarca, existen organizaciones juveniles, gremios laborales, agrarios, comunidades nativas y campesinas que no siguen esa dinámica organizacional y tienen diferentes formas de organizarse, siendo éstas las que menos han sido aceptadas para postular al Consejo de Coordinación Regional de Cajamarca. Todo ello afecta de manera significativa en el régimen democrático de la nación ya que no contribuye con la gobernabilidad del país, ni crea una democracia fuerte que genere entendimientos y diálogos tan necesarios hoy en día. Con los resultados precedentes se ha comprobó la hipótesis planteada, sin embargo se consideró dar un paso más a nivel propositivo a fin de contribuir con la comunidad jurídica y el mejor desempeño de la democracia. En ese sentido, la Constitución es una fuente de normas que establece diferentes niveles para las leyes que se emitan desde diversas instancias competentes. La ley de Gobiernos Regionales, que la codifica las barreras legales que se han estudiado en la presente tesis, ha sido promulgada por el Congreso de la Republica, por lo que una modificación o eliminación de dichas barreras legales implica una modificación de la Ley en mención, sin embargo el Consejo Regional de Cajamarca podría normar en torno a la participación ciudadana por cuanto es una competencia exclusiva de los gobiernos regionales, lo cual no contravendría con el principio de jerarquía normativa en la medida que éste no colisione con competencias de organismos de mayor jerarquía y siendo que la participación y concertación es una competencia de los Gobiernos Regionales conforme al capítulo IV de la Ley de bases de descentralización y el artículo 191° de la constitución, éstos podrían normar en torno a participación ciudadana. Finalmente se ha redactado una propuesta de ordenanza regional que espera contribuir con la democracia y gobernabilidad de nuestra sociedad.