Evaluación del proceso de formalización minera al amparo del decreto legislativo n° 1336 en la región Cajamarca - Pozada Chomba, Ana Belen (2018)
RESUMEN Una de las problemáticas con respecto a minería en nuestro país es la formalización de pequeños productores mineros y mineros artesanales, pues la normativa legal en la mayoría de casos no ha sido la adecuada y fácil de cumplir, bajo este contexto esta investigación tiene como objetivo evaluar el proceso de formalización minera en la región de Cajamarca bajo del Decreto Legislativo N° 1336 ya que con la Ley N° 27651 y D.L N° 1105 no se obtuvo los resultados favorables en el proceso de formalización, pues los operadores mineros tenían muchas trabas para completar los requisitos solicitados y solo lograron formalizarse 12 operadores desde el año 2002 hasta Agosto del 2017. Actualmente el D.L. 1336 a reducido a 3 los requisitos que debe acreditar un operador minero para formalizarse. La investigación consiste en determinar cuántos mineros se han formalizado en el tiempo desde que entró en vigencia el D.L 1336 y a la vez determinar cuántos cumplen o han presentado alguno de los requisitos que este amerita. Obteniendo como resultado solo 7 operadores mineros que obtuvieron resolución de inicio/reinicio de actividades de explotación lo que representa un 0.73% de un total de 686 sujetos de formalización declarados como informales. Asimismo 104 personas han presentado IGAFOM; 38 tienen acreditación de terreno superficial y 60 tienen acreditación de titularidad de concesión vigente. A la vez se realizó una encuesta a funcionarios de la Dirección Regional Energía y Minas -Cajamarca, la cual determinó que la mayor traba para formalizarse es obtener un contrato de explotación o cesión cuando el sujeto de formalización no es el titular de la concesión. Teniendo en cuenta estos resultados se determinó que el D.L. 1336 no es eficaz, finalmente se recomienda implementar y modificar leyes que permitan al operador la obtención de la formalización de una manera más práctica, promover mesas de diálogo para que logren consensos y obtener su contrato de cesión u explotación. También precaver a los gobiernos regionales con más presupuesto tanto para ayudar con los trámites como para contratar más personal especializado debido a que hay muchos expedientes en espera para ser evaluados y aprobados.